La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), firmó esta mañana una carta dirigida al Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para que presente la iniciativa de Ley Estatal de Prestación de Servicios de Intermediación Inmobiliaria, impulsada por esta organización, para acabar con los falsos asesores inmobiliarios.
En rueda de prensa, el presidente nacional del AMPI, Ignacio Lacunza Magaña, signó el documento para exhortar al mandatario estatal para que apoye la mencionada propuesta, que tiene el principal objetivo de crear un Registro Estatal de Asesores Inmobiliario, cuyos integrantes deberán acreditar que están en el comercio formal, así como sus conocimientos y aptitudes a través de una capacitación.
Mencionó que en el país, hay 22 entidades que ya cuentan con esta legislación, por lo que pidieron el apoyo del Ejecutivo y del Legislativo yucateco para que sea una realidad, al menos en este año.
“Es una petición formal, firme, respetuosa, amigable, porque hemos visto a lo largo de la república gente sin escrúpulos, que continúan jugando con el patrimonio familiar y de empresarios”, señaló.
El presidente reelecto de AMPI Yucatán, para un periodo más de 2023 a 2024, Enrique Trava Griffin, indicó que la iniciativa busca poner por encima de todo a la ciudadanía, sin beneficiar a algún gremio o a este rubro, que busca lograrlo mediante este registro.
Recordó que, entre otros de los objetivos durante su gestión, será trabajar con los diferentes niveles y poderes del estado para acabar con la venta de lotes de inversión que no cuentan con certeza jurídica, ni cuenta con servicios para quienes lo habitan, ni tienen un retorno de inversión, que podrá reducirse o eliminarse por medio de la regulación.
Ante la pregunta de que la fracción del PRI ya tenía considerada presentar esta iniciativa antes de finalizar el periodo ordinario en mayo próximo, Trava Griffin aclaró que AMPI es apartidista “y quien quiera ayudar es bienvenido”.
Al igual que reconoció que esta bancada fue la que presentó una modificación a la Constitución Política de Yucatán para establecer el Derecho Humano a la Ciudad, también impulsada por el gremio que representa.