Gracias a las gestiones de la Secretaria General del Sindicato Progresista, Luisa Martín Puc, el Poder Judicial del Estado de Yucatán anunció este viernes la entrega de 101 nombramientos definitivos para servidores públicos que laboraban bajo contrato, luego de que fueran aprobados por el Consejo de la Judicatura.
«Este logro representa una oportunidad significativa para que las y los trabajadores puedan consolidar su trayectoria dentro de la institución, ya sea en funciones jurisdiccionales o administrativas, reforzando al mismo tiempo la estabilidad económica de sus familias», resaltó la líder sindical.
Recordó que estas 101 definitividades se suman a las 30 otorgadas recientemente a trabajadores y trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia, quienes por diversas razones aún no habían recibido su nombramiento definitivo.
Este avance fue posible gracias a la labor conjunta del Sindicato Progresista, la voluntad de la Magistrada Presidenta María Carolina Canto Valdés, y el compromiso del Magistrado Alberto Salum Ventre, dignificando así la función judicial.
Las categorías que obtuvieron definitividad incluyen: Asistente, Auxiliar Administrativo, Oficial de Partes, Auxiliar Jurídico, Intendente, Auxiliar de Informática, Auxiliar Especializado, Auxiliar de Mantenimiento, Almacenista, Estafeta, Chofer, Ayudante de Archivo, Técnico en Informática y Auxiliar de Servicios Generales.
Estos servidores públicos se desempeñan en las sedes jurisdiccionales ubicadas en Mérida, Umán, Valladolid, Tizimín, Motul, Ticul y Progreso.
Cabe señalar, señaló Martín Puc, que esta acción está sustentada en las Condiciones Generales de Trabajo, y se otorgó en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo OR12-181213-134 del Consejo de la Judicatura, el cual contempla criterios como el desempeño, la inexistencia de faltas administrativas recientes y una trayectoria laboral sin sanciones.
Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera incansable para que los derechos de las y los servidores judiciales sean reconocidos como prioridad en el Poder Judicial. Su próximo objetivo: impulsar recategorizaciones y garantizar el pago de horas extras conforme a la Ley.