AVANZAN PROPUESTAS PARA SANCIONAR ABUSO SEXUAL INFANTIL Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Este lunes se aprobaron en comisiones las iniciativas de la Fracción Legislativa del PRI para elevar  las sanciones a quienes cometan el delito de abuso sexual infantil y se castigue a quienes induzcan a los menores de edad a consumir tabaco. 

La diputada priista Karla Franco Blanco sostuvo que si bien la prevención es vital en estos temas, con las mencionadas  propuestas se busca blindar a las niñas, a los niños y a los adolescentes para que no sean víctimas de la delincuencia, así como para cuidar su integridad y su salud.

Sobre la relevancia de la primera iniciativa, la diputada recordó que en el año 2021, Yucatán tuvo una incidencia a la alza en delitos relacionados con violación, abuso sexual, hostigamiento, acoso, amenazas, violencia familiar y feminicidios; si bien éstos no se encuentran en cifras alarmantes en comparación a otros otros estados, sí es preocupante que estén incrementado en temas íntimamente relacionados a las mujeres y las infancias, por lo que es necesario endurecer las penas. 

En ese contexto, las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobaron dicha reforma al Código Penal para que la sanción mínima de cárcel para el delito de abuso sexual infantil sea de 12 años y la máxima de 20, así como elevar a 600 y 3 mil los días multa. 

La otra iniciativa de la bancada del PRI que avanzó es la relativa a que en el delito de corrupción de menores e incapaces se contemple con exactitud el consumo de tabaco, para que de esta manera se castigue a las personas que induzcan a las niñas, a los niños y adolescentes a consumir cigarrillos o sus derivados.

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión y coordinador de la Fracción Legislativa, Gaspar Quintal Parra, señaló que en nuestra sociedad ya no puede tolerar este tipo de conductas que dañan severamente a la salud de las y los menores de edad, por lo que aquellas personas que lo permitan tienen que ser sancionados de manera ejemplar.

Esta propuesta, que considera sanciones que irían de los 5 a los 10 años de prisión, así como la relacionada al abuso sexual, estarán puestas a consideración del Pleno del Congreso yucateco en la próxima sesión legislativa.

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