El martes 18 de febrero de este año, elementos de la Policía Estatal de Investigación de la SSP Yucatán llegaron al recinto del Poder Legislativo para interrogar a siete empleados sindicalizados, pero nunca fue reportado al Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Yucatán (SEPLY).
“Les dijeron: vamos, hay una entrevista en recursos humanos, los llevan ahí y le dicen no es aquí, es en atención ciudadana, pasan y no era entrevista, era interrogación, las dos personas me llaman y preguntan ¿qué está pasando?, a algunos le dicen que por el problema de Pedro, a otra compañera que por falsificación de documentos, de firmas y de achocar documentos”, relató la secretaria general del SEPLY, Cecilia Váldez Vergara.
Extraoficialmente, se dice que esta acción fue orquestada por autoridades de la Secretaría General del Congreso de Yucatán, por la demanda judicial que interpuso el empleado expulsado del sindicato, Pedro Pablo B.G., por presunta falsificación de firmas en actas de asamblea, lo cual aclaramos en la nota previa, así como integrar documentos ilegales, incluso con firmas de diputados de la LXII Legislatura, en el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Legislativo del Estado.
REGLAMENTO INTERNO
El 31 de agosto de 2021, la Diputación Permanente de la LXII Legislatura turnó a la Dirección de Administración y Finanzas las modificaciones al Reglamento Interno de los Trabajadores del Poder Legislativo, toda vez que ya había sido aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal.
Estos cambios incluían nuevas prestaciones: el pago por retiro al trabajador que antes era de un mes y se aumentó a tres; un redondeo en el pago de vales de despensa del 3.7%; la incapacidad para las trabajadoras embarazadas que se aumentó de tres a cuatro meses; entre otras.
Váldez Vergara contó que en ese momento, el entonces y actual director de Administración y Finanzas, Jordan Pérez Marfil, le dijo que se habían aprobado las condiciones que habían solicitado, pero al revisarlas, la líder encontró que no estaban todas.
Por tal motivo, acudió con el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández, para comentarle lo sucedido, por lo que el ex diputado lo firmó y le sugirió que también busque al entonces presidente de la Mesa Directiva, Luis Borjas Romero, quien momentos más tarde, signó el documento.
Por lo anterior, es que se le acusa a la líder del SEPLY de “meter” documentos dentro del Reglamento Interno, sin embargo, ella manifiesta y constata con las hojas firmadas que son completamente legales.
“¿Cómo voy a mentir de que fue firmado por dos diputados?”, reiteró.
Esto fue lo que provocó que la Dirección de Administración y Finanzas no quiera avalar estas prestaciones como en la pasada LXIII Legislatura, la cual alegó que eran imposibles de cumplir porque afectarían las finanzas del Congreso local.
NUEVO SINDICATO
La defensa contra las acusaciones por presuntas asambleas y firmas ilegales generó que tanto el director de Finanzas, Jordan Pérez, como el Secretario General, Martín Chuc Pereira, buscaran una manera de desestabilizar al SEPLY, dijo Váldez Vergara, ayudando a los sindicalizados inconformes con su reelección para crear un nuevo gremio.
En abril pasado se anunció la creación del Sindicato de Trabajadores Unidos del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, integrado por 29 empleados y liderado por Delmy Cruz Sierra, quien compitió y perdió contra Váldez Vergara en las elecciones para conformar el comité directivo 2021-2024 del SEPLY.
Cabe señalar que entre los miembros de este nuevo gremio se encuentran las secretarías directas de los principales jefes de departamentos del Poder Legislativo, así como personas vinculadas con el diputado de Morena Alejandro Cuevas Mena.
RESPALDO SINDICAL
Mientras tanto, organizaciones como el Sindicato de Empleados de la Cámara de Senadores y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República han manifestado su apoyo al SEPLY y a su secretaria general para que, en caso dado, tomen acciones con el fin de mantener la legalidad y los derechos laborales, ante el conflicto interno que tiene con autoridades y, al parecer un diputado, del Congreso de Yucatán.
