La asociación “Iniciativa Sonora”, en apoyo a la yucateca Wuendi Durán Monforte, interpusieron un amparo en los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, para exponer el acto reclamado de omisión legislativa en grado absoluto en materia de Desaparición Forzada de Personas.
Carmen Garnica Luna, titular de Incidencia y Vinculación del organismo, detalló que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue promulgada el 17 de noviembre de 2017.
A pesar de que el artículo noveno transitorio marca un plazo límite de 80 días a partir de esta fecha para la armonización del marco normativo en los estados, mencionó que en el caso de Yucatán, después de casi cinco años, no se ha emitido ningún decreto al respecto, lo que ha impedido avances en la formación de instituciones especializadas en perjuicio de las víctimas y de la creación de un registro estatal de personas desaparecidas.
Según la argumentación del amparo, añadió, la actualización de la ley facilitaría la creación de diversos entes públicos que tienen por objeto la coordinación y actuación respecto a la prevención y reacción en casos de desapariciones de personas en el estado.
En su turno, Durán Monforte, originaria del municipio de Tekax, relató que en el año 2013 desaparecieron las señoras María Susana Monforte Collí de 55 años y Magdalena Durán Monforte de 32 años, madre y hermana de la denunciante, quienes vivían en el ejido Plan Chac Pozo Dos, localizado en dicha comunidad.
Indicó que el responsable fue un vecino del lugar, con quien la familia tenía viejas rencillas, que incluso ha aceptado su culpa pero ahora ya se encuentra en libertad.
«Mi familia denunció su desaparición en la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el mismo municipio donde vivían (Tekax). Sin que se nos haya avisado formalmente del registro y de la creación de una ficha de búsqueda de las dos personas desaparecidas», lamentó Wuendi como parte de la fundamentación de dicho amparo.
Cuatro años después, continuó, la FGE citó a los hijos de María para notificarles que habían encontrado dos osamentas que podrían pertenecer a las dos mujeres, en un terreno donde depositaban la excreta de los cerdos.
De acuerdo con el informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No
Localizadas del Gobierno Federal, es la única fosa clandestina de esta entidad federativa.
Desde 2017, declaró Wuendi, la Fiscalía aseguró que harían una prueba de ADN y después les entregarían los restos de su madre y hermana. Sin embargo, eso no ha ocurrido a pesar de que en 2022, la misma autoridad les indicó que tomarían «de nuevo» las muestras genéticas.