“Realmente no hay deudas, podríamos decir que estamos replanteando el salario regulador por la inconstitucionalidad que se generó”, aseguró el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSTEY), José Arturo Sánchez Martín, durante su comparecencia en el Congreso del Estado con motivo de la Glosa del Sexto y último Informe de Gobierno del Estado.
Haciendo lo propio este martes, en un primer bloque también se presentaron ante el pleno de la LXIV Legislatura los funcionarios Luis Felipe Saidén Ojeda, Secretario de Seguridad Pública (SSP); José Carlos Puerto Patrón, encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno (SSG); y Yussif Heredia Fritz, Consejero Jurídico del Estado y quienes expusieron lo conducente al tema de Gobierno, Seguridad Pública y Estado de Derecho.
Después de su presentación, el titular del Isstey no contestó pregunta alguna durante la primera ronda y en la segunda sólo pudo responder durante 30 segundos; por tal motivo, el diputado de Morena, Alejandro Cuevas Mena, hizo una interpelación y realizó los mismos cuestionamientos que sus compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y de la fracción guinda.
Sobre los terrenos del Fideicomiso de Ucú, Sánchez Martín manifestó que los administra otra paraestatal, aunque no especificó cuál, y por dichas propiedades se pagaron 81 millones en mayo y se recibirá la misma cantidad en octubre de este año.
“Esto se saca mediante un mecanismo de intereses que se encuentra regulado por el fideicomiso (de Ucú). Para 2025, se hace el cálculo para el mes de diciembre con base a un determinado procedimiento”, abundó.
Explicó que el origen de los terrenos que actualmente tiene el Isstey para su venta se originaron por donaciones en pagos de ejercicios anteriores, es decir, “las administraciones en lugar de pagar en efectivo, pagaron con terrenos, lo que estamos haciendo ahora es volver líquido lo que en su momento debió haber sido efectivo y se utiliza para pagos de pensiones”.
Con relación al déficit que se dejará al próximo gobierno de Joaquín Díaz Mena, el funcionario estatal aseguró que el monto es de mil 82 millones de pesos, para el siguiente año será el mismo importante incrementado en unos 200 millones de pesos aproximadamente, pero “eso va a quedar en el proyecto de presupuesto que corresponde a otra dependencia informar”.
“(Del instituto) sus ingresos son menores a sus egresos en este momento, sin embargo se mantiene un balance y una estabilidad gracias a las aportaciones del gobierno del estado”, declaró.
En el caso de la deuda del Isstey, después de asegurar que prácticamente no hay, el director de la dependencia estatal reveló que se pagó alrededor de dos millones de pesos a un total de 56 personas que se incluyó en la nómina que se pagó en el mes de septiembre y “se está dejando la lista de los siguientes beneficiarios que se estaría pagando en octubre, noviembre y diciembre de este año”.
También, informó que el edificio que albergaba la tienda de ISSTEY en la calle 60 con 47 se vendió el 21 de septiembre de 2023 por un importe de 38 millones 821 mil pesos.
Esta misma mañana, la secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Luisa Martín Puc, acudió al Congreso Yucatán para presentar los correspondientes escritos a fin de solicitar la publicación de las acciones de inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte d Justicia de la Nación, deducido de la acción de inconstitucionalidad 118/2022, y su acumulada la 121/2022, en relación a la Nueva Ley del Isstey, aprobada por la legislatura anterior.
Dichas sentencias de La Corte fue notificada y recibida por el actual Poder Legislativo estatal en fecha 13 de junio del año en curso, mediante la cual se ordena su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; lo anterior en defensa de los intereses y los derechos de seguridad social, pensiones y jubilaciones de los derechohabientes del aludido instituto de seguridad social.