
En la más reciente sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se expusieron algunos argumentos que podrían considerarse como posibles irregularidades en la licitación de vales de despensa, evidenciando un presunto esquema de corrupción dentro del Poder Judicial.
El Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, representado por su secretaria general, la Licenciada en Derecho Luisa Inés Martín Puc, presentó el oficio SPTPJEY/SG-05/2025, solicitando modificaciones en las bases de licitación para garantizar que los vales sean electrónicos e impresos y puedan utilizarse en una mayor variedad de establecimientos.
Esta medida busca beneficiar no solo a sus agremiados sino también a los más de 1,400 empleados del Poder Judicial y sus familias.
UNA EMPRESA POR MÁS DE 18 AÑOS

Sin embargo, de acuerdo con el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal, celebrada el 23 de enero de 2025, se puso en manifiesto que sólo un consorcio empresarial ha obtenido esta licitación por más de 18 años, la cual parece hecha a la medida para favorecer a una sola empresa.
Inicialmente, se benefició a un grupo comercial ligado a la familia política del ex gobernador Mauricio Vila, lo que ha generado opacidad y falta de competencia en el proceso, porque resulta ganadora año tras año.
Este presunto favoritismo ha obligado a los empleados a comprar exclusivamente en establecimientos limitados, afectando su economía al impedirles elegir opciones más convenientes.
Durante la sesión del Pleno, el magistrado Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova expresó su molestia por la intervención del sindicato en asuntos administrativos, asegurando que este ha realizado peticiones excesivas en temas que, según su opinión, no le competen.


DEMANDA DE LOS TRABAJADORES
No obstante, representantes del sindicato han reiterado que la licitación de los vales de despensa afecta directamente a los trabajadores, por lo que su intervención no sólo es legítima, sino necesaria para garantizar un proceso justo y transparente, y sobre todo, es petición de los propios agremiados y en general, un reclamo de toda la base trabajadora.
La secretaria general del sindicato, Martín Puc, enfatizó que “se le debería recordar al magistrado Mendoza Casanova que un sindicato representa la voz de su gremio. No es una petición por capricho ni una intromisión indebida; se trata de una demanda legítima de los trabajadores, quienes son los directamente afectados en el sustento familiar.”
En tal sentido, el Sindicato Progresista exige:
1. Proceso de licitación abierto y transparente, permitiendo la participación de diversas empresas para mejorar las condiciones de los trabajadores.
2.- Ampliación de la red de establecimientos donde pueden utilizarse los vales, incluyendo farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia, papelerías y comercios electrónicos.
3.- Se investigue a fondo la licitación de los vales de despensa y el posible encubrimiento de algunos magistrados.
En tanto, los trabajadores del Poder Judicial siguen a la expectativa de una resolución que garantice transparencia, competencia y mejores condiciones en el uso de los vales de despensa que reciben como parte de sus prestaciones, sin embargo, como cada año, seguramente ganará la licitación la misma empresa de cada año, con unas bases a la medida para esta empresa, aseguran los trabajadores del Poder Judicial.