Diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano presentaron dos iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán, al reformar y derogar artículos del Código Penal del Estado de Yucatán y la Ley de Salud del Estado.
“La situación es alarmante. ¿Cómo es posible que en 2022 se registraran 1,521 partos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años?, ¿Cómo es posible que 2 de cada 10 mujeres embarazadas que dan a luz tengan entre 12 y 14 años?”, preguntó en tribuna la legisladora de Morena, Clara Rosales Montiel, impulsora de una de las iniciativas que también busca modificar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado para reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida digna a toda persona.
Durante la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura este miércoles en el Congreso de Yucatán, Rosales Montiel manifestó que este esfuerzo no pertenece a una sola bancada, partido o grupo político, “es una causa colectiva que va más allá de cualquier diferencia política, no importa ni siquiera que diputada lo presente, importa que todos estos trabajos se continúen y hoy pongamos esa primera piedra, esa luz verde que va a guiar los próximos trabajos”.
Ante la presencia de grupos de activistas en el salón del pleno, la diputada de MC, Larissa Acosta Solís señaló que despenalizar el derecho al aborto no solo es un acto de justicia reproductiva, sino un paso para construir el camino hacia la igualdad sustantiva y un entorno donde todas las decisiones, incluyendo las maternidades y paternidades, estén respaldadas por un sistema que respete y valore el Derecho al Cuidado.
Al presentar su iniciativa, mencionó que una persona que decide interrumpir su embarazo no enfrenta una complejidad médica insalvable, sino una carga de prejuicios y miedos impuestos por una sociedad que aún niega la autonomía sobre nuestros cuerpos.
“La verdadera barrera no está en la ciencia ni en la salud, sino en la falta de información, en el miedo a ser señaladas, en la ausencia de políticas públicas que garanticen un acceso libre de violencia y discriminación”, aseveró.
Ambas recordaron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del 2024, la cual emitió un fallo en el que ordenó al Congreso del Estado legislar sobre la despenalización del aborto en respuesta al amparo impulsado por la abogada Amelia Ojeda, que da cumplimiento a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.
En el mismo sentido, la diputada de Morena, Neyda Pat Dzul advirtió que el Congreso de Yucatán tiene la obligación de alinearse con la agenda de la Cuarta Transformación y avanzar en la consolidación de una legislación progresista, garantista y plenamente comprometida con los derechos humanos.
“No podemos permitir que prejuicios personales ni cálculos políticos sigan obstaculizando el avance de derechos que el Gobierno Federal ha establecido como una prioridad nacional”, determinó.