Este viernes salió publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado para su cumplimiento, la acción de inconstitucional 118/2022 y su acumulada en 121/2022, en relación a la nueva ley del ISSTEY, después de casi cinco meses de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 12 de junio del presente año.
La Secretaria General del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Luisa Martín Puc señaló que este hecho es un paso decisivo para el beneficio de los trabajadores del Estado que han visto violados sus derechos laborales y de seguridad social en los últimos años.
La SCJN, a través de las mencionadas acciones de inconstitucionalidad, determinó que varios artículos de la nueva Ley del Isstey, aprobada por la legislatura anterior, son inconstitucionales.
Dicha Ley del Isstey ha sido objeto de gran controversia desde su aprobación, ya que los cambios introducidos en la administración saliente afectaron gravemente los derechos de seguridad social, pensiones y jubilaciones de miles de trabajadores estatales.
Durante años, con las anteriores administraciones los empleados estatales han sufrido la erosión de sus derechos laborales, exacerbada por la falta de transparencia en la gestión del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), lo que generó una creciente preocupación entre los derechohabientes.
La líder del gremio destacó que hoy, con su publicación, se considera un hecho sin precedentes para sentar las bases en la defensa de los derechos de los servidores públicos, que a pesar de dicha reforma por parte de la anterior legislatura, los trabajadores deben luchar por los medios legales para señalar y evidenciar las arbitrariedades de la misma.
El fallo de La Corte, aseguró, representa una victoria significativa para los trabajadores estatales y el Sindicato Progresista del Poder Judicial, quienes han luchado incansablemente contra las disposiciones de la Ley del Isstey, que imponía condiciones desfavorables a los empleados públicos.
Indicó que esta resolución reafirma la necesidad de proteger los derechos adquiridos de los trabajadores y plantea la esperanza de que, bajo la nueva administración, las políticas públicas se enfoquen en respetar y mejorar las condiciones laborales y de seguridad social en Yucatán.
Este avance que en gran parte fue impulsado por el Sindicato Progresista, afirmó Martín Puc, marca un momento crucial en la defensa de los trabajadores públicos de Yucatán, quienes por años han sufrido la violación de sus derechos por parte de la anterior administración.