La Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) solicitó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán la revisión del nombramiento y la destitución del Magistrado Luis Armando Mendoza Casanova ante las denuncias de violencia familiar en su contra.
“Y que mintió en su comparecencia ante el Congreso del Estado durante el proceso de su designación, negando los hechos, lo que denota que no es apto para ostentar el cargo que ilegalmente desempeñar”, según plasma el documento entregado a un funcionario de Oficialía Mayor a las afueras del recinto Legislativo.
Ante el proceso de elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado aprobado en recientes fechas por la LXIV Legislatura, la AMISY pidió a este órgano colegiado que revise el proceso de designación de Mendoza Casanova ante la denuncia con fecha 9 de marzo del 2015 que interpuso su entonces esposa y actual Juez de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Jazmín Ojeda Alayon.
En la querella, relata el texto, la víctima expresa que existe otra denuncia que presentó por hechos que de igual forma son constitutivos de delito de Violencia Familiar.
Por tal motivo, la asociación civil solicita que se requiera a la Fiscalía General del Estado un informe acerca de la existencia de ambas querellas presentadas en contra del magistrado en cuestión.
Al igual que al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, un informe de las causas por la que, en el año 2015, Mendoza Casanova no fue ratificado en el cargo de Juez de Control, con el fin de corroborar si el motivo fue por la denuncia por violencia familiar.
La AMISY recordó que esto fue manifestado oportunamente en la anterior Legislatura, así como al entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, incluso, en la decimoprimera sesión extraordinaria del Pleno del TSJY, realizada el 15 de julio de 2024, consta que la magistrada Leticia Cobá Magaña, advirtió que dicha persona no tiene honorabilidad para ocupar puestos en el Poder Judicial debido a los dos expedientes penales 06-1514-2000 y B1-375-2015.
“Con estos antecedentes no debió ser postulado ni consejero de la Judicatura, ni nombrado magistrado”, sentencia el documento.