En representación de sus agremiados y agremiadas, la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Martín Puc, presentó un escrito al Pleno del Consejo de la Judicatura de Yucatán para solicitar el pago de 30 días de bono de fin de año en apoyo a la economía de la base trabajadora del Poder Judicial.
Declaró que si bien para este ejercicio fiscal 2024 se concedió un histórico incremento del 21% en el presupuesto del Poder Judicial, es decir, 19% más que en los anteriores años, no se atiende las problemáticas de las y los servidores como la falta de personal en los juzgados familiares, civiles, mercantiles, penales y laborales.
Así como, dijo, la negativa de basificar a más de 200 trabajadores de primera instancia, no pagar las horas extras, sueldos insuficientes y también la negativa de recategorizaciones.
Denunció que la Magistrada Presidenta María Carolina Canto Valdés y los plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior están más preocupados en la creación de puestos de subjefaturas y subdirecciones en esta instancia para dar empleo a ex colaboradores del anterior gobernador Mauricio Vila Dosal, “con sueldos dorados”.
“Además, en el ejercicio fiscal 2024 se presupuestó la creación de siete juzgados los cuales no se han realizado y mucho menos ha utilizado el presupuesto para el pago de sueldos y salarios”, recalcó.
La líder sindical relató que el pasado 17 de octubre se inauguró el Juzgado Quinto Civil, para el cual no contrataron más personal para su integración, “sino más bien dispusieron de personal asignado a los otros juzgados civiles para conformar este nuevo juzgado, dejando claramente sin personal a las otras oficinas judiciales, cuando lo que se requiere son más servidores judiciales para abatir el rezago en los juzgados”.
Reveló que diferentes jueces han pedido más personal en sus áreas para que se pueda dar debido trámite a los procesos que se encuentran vigentes, así como las solicitudes realizadas por los interesados, personas sujetas a proceso, defensores o asesores por cuanto existe un gran rezago en los asuntos.
“Lo cual, señalan los jueces, repercute en el desempeño de sus funciones, ya que los usuarios se crean la idea de que los jueces son los responsables de no dar contestación y debida atención a su solicitudes por cuestiones personales, al grado que los juzgadores han sido objeto incluso de publicaciones en redes o prensa en donde se señala que no cumplen con su labor, e incluso ha llevado a la interposición de recursos en contra de los jueces por su supuesta mala actuación, cuando lo que sucede es que el Poder Judicial no está dotando del personal suficiente e idóneo para abatir el rezago en los juzgados”, describió.
Otra juez de control del puerto de Progreso que ha hecho extensiva su petición al sindicato, continuó, ha presentado un escrito al pleno pidiendo que asignen personal en las tres vacantes que tiene este juzgado, pues les quitan trabajadores necesarios para la labor jurisdiccional y no vuelven a colocar a alguien en esos lugares.
Por estas razones, Martín Puc informó que ha solicitado al pleno del Consejo de la Judicatura y a la magistrada presidenta más personal en los juzgados civiles, familiares, mercantiles y penales, pues hacen falta técnicos judiciales, secretarios de acuerdos, secretarios auxiliares, secretarios de estudio y cuenta en todas las áreas, incluso en los juzgados foráneos.
“Los trabajadores son todólogos, pues no existen todas las categorías como en los juzgados de Mérida, por dar un ejemplo, la persona que realiza las funciones de limpieza (intendente) en los foráneos, también sacan copias, son estafetas y archivistas, pagándoles un salario mínimo, lo cual es insuficiente e injusto para todas las funciones que se les obliga a realizar; ya que en los juzgados de Mérida son diferentes personas que hacen esas funciones; también hace falta más estafetas, actuarios, notificadores, encargados de sala, coordinadores de sala”, argumentó.
Ante esta situación mencionó que la magistrada presidenta, así como el Consejo de la Judicatura han permanecido omisos, ya que no dan respuesta a dichas peticiones ni mucho menos nombran a más personal, lo que conlleva a una gran afectación a la ciudadanía yucateca que no está recibiendo la impartición de calidad.