Más de 20 socios de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) protestaron a las puertas del Palacio de Gobierno para exigir nuevamente la intervención del Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, para arreglar el tema de su liquidación y el pago de su capital social.
Desde las 8 de la mañana de este martes se apostaron en la calle 61 frente al recinto del Ejecutivo Estatal donde uno de ellos se acercó a solicitar una audiencia con el mandatario, pero los policías que aguardan en la entrada les respondieron que “no se encontraba en ese momento” y que iban a averiguar quien los podía atender.
El documento que buscan entregar expresa que los manifestantes acusan que, sin ser enterados, el consejo de administración de la ACY, encabezada por el Arturo Rodríguez Berzunza, presidente; Miguel Ángel Díaz Solana y Alfonso Ramírez Ojeda, Tesorero; con el consentimiento de la administración estatal vendieron la empresa al grupo camionero ADO, “al que se le han facilitado todas las gestiones para que las concesiones y todos los bienes muebles e inmuebles que conforman nuestro capital social le sean entregadas a ese consorcio.
“Le hemos solicitado en reiteradas ocasiones su intervención y se nos ha respondido que, por tratarse de un problema entre particulares, el gobierno a su cargo no intervendrá por nosotros, sin embargo, nos duele mucho que esto sea así, pues precisamente ha sido por culpa de su administración que estemos siendo despojados de nuestro patrimonio”, señala la misiva dirigida al gobernador Mauricio Vila.
Indica que el grupo ADO “ya ha pagado muchos millones de pesos a los directivos de nuestra empresa”, sin embargo, estos no les han otorgado la liquidación y pago del capital social “y se nos sigue diciendo que ni usted ni su administración intervendrán a nuestro favor”.
“Le reclamamos su falta de interés hacia nosotros que somos ciudadanos trabajadores”, menciona.
El texto revela que incluso ya han puesto una denuncia pública en contra de los citados administradores de ACY, porque no han rendido cuenta de los dineros públicos que han recibido durante su administración, es decir, los subsidios mejor conocido como «apoyo al gasto familiar».
Por lo que insisten en que se rinda cuentas sobre dicho gasto público porque de ello no han recibido lo que, en todo caso, les corresponde como socios de la empresa.
“Nos duele mucho su indiferencia, y le pedimos nos tome en cuenta ahora, tal como dijo en su campaña electoral, en la cual prometió velar por el bienestar de los yucatecos, ¡nosotros somos yucatecos!”, enfatizan.